Los concursos de acreedores se retrasan hasta 7 años en España

La carga de trabajo y el colapso de los tribunales han retrasado durante un tiempo los procedimientos concursales en España, también conocidos como concursos de acreedores, donde las empresas insolventes intervienen para saldar sus deudas. La duración media de este tipo de procesos judiciales es de 3,6 años en 2021, según datos del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ). Algunas comunidades llegan a registrar retrasos de hasta seis y siete años, como es el caso de Baleares y Canarias.

Te explicamos cómo funciona el concurso, las consecuencias del retraso y cómo impacta la nueva ley concursal que entró en vigor el 26 de septiembre.

¿Qué son los procedimientos concursales y qué tipos hay?

Los concursos de acreedores son procedimientos judiciales destinados a “la redistribución de recursos cuando una empresa no puede hacer frente a sus deudas” y “entra en situación de insolvencia”, según explica a Newtral.es una fuente del Colegio de Registradores. Es decir, es una forma de resolver la situación de una empresa que no puede pagar sus deudas y su objetivo es “pagar sus deudas con sus acreedores de forma ordenada y justa”, según explica el INE. El proceso puede culminar en un acuerdo (que puede incluir, por ejemplo, la condonación de parte de la deuda) o la liquidación de la empresa.

Hay varios tipos, según quién pida la quiebra: si lo pide el propio deudor, si es uno de los acreedores o si es un intermediario. La clasificación también puede depender de las características del proceso (se toma en cuenta el plazo o el monto de la deuda de la empresa, por ejemplo), según lo determine el Colegio de Registradores.

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¿Por qué se registran retrasos en la liquidación de concursos de acreedores en España?

De media, los procesos concursales en España duran unos 44,6 meses, es decir, más de tres años y medio, según los últimos datos del Consejo General de Justicia de 2021. Es un 23% menos que en 2019, cuando los Juzgados de lo Mercantil notificó su pico más alto en diez años: en ese momento, el procedimiento duró 54,9 meses (cuatro años y medio).

Según la comunidad, Canarias registró en 2021 el mayor retraso a la hora de realizar este tipo de trámites, una media de 84 meses, seguida de Baleares (70,7 meses) y Andalucía (65,2 meses).

El problema es que, por la forma en que está diseñado, este proceso puede llevar mucho tiempo: “La mayor parte de la demora se debe al manejo del proceso en sí porque, entre otras cosas, hay muchas partes que hay que colocar. . en orden. acuerdo”, según explicaron a Newtral.es desde la Diputación.

Además, las sucesivas crisis económicas han provocado un aumento del número de empresas insolventes y esto ha incrementado la carga de trabajo de los juzgados: “[La agilidad del proceso] no sólo depende de la actuación de la administración concursal. Disponemos de varios Juzgados de lo Mercantil de este tipo han sufrido cierto colapso y el trámite no va tan rápido como debería”, según Isaías González, abogado especialista en derecho concursal del despacho VENTO Abogados & Asesores.

Ante “la falta de recursos del Juzgado de lo Mercantil, en una situación de crisis general pueden colapsar. Si llega un tsunami concursal, el juzgado no podrá tramitar todo el trabajo con la suficiente celeridad”, ha añadido.

Si bien el número de deudores insolventes ha disminuido un 12% en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2021, seguimos en un nivel superior al de principios de 2019 y 2020, según el Colegio de Registradores.

Registrar College Bankruptcy Yearbook 2021

[La larga condena de los procesos judiciales en España]

¿Qué cambios introduce la reforma concursal y cómo acelerará este proceso?

La reforma concursal entró en vigor el pasado 26 de septiembre “con el objetivo de agilizar los procedimientos concursales y garantizar la continuidad de las empresas con problemas económicos pero viables”, según ha explicado el Consejo General de la Abogacía Española.

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En definitiva, el texto pretende reducir las condiciones de estos concursos de acreedores en España y hacerlos “más eficientes”, según indica González, y “evitar la insolvencia, o superarla, y aumentar las posibilidades de supervivencia de la empresa”, según el Ministerio de Justicia.

“Entre las principales novedades que introduce la nueva norma se encuentra el plan de reestructuración, destinado a facilitar la salida de la empresa de la situación concursal, o evitar caer en ella”, según el Consejo.

González lo ejemplifica: “Imagínate que tengo varios clientes y me rescinden un contrato muy importante que provoca una caída importante en los ingresos y esto pone mis obligaciones bajo control (no podré pagar las deudas que tengo acumuladas). Lo que permite este plan de reestructuración es refinanciar pasivos [la deuda] o realizar otras actuaciones que afecten a los bienes [los recursos] para salvar un tejido productivo viable”.

La reforma también incluye un proceso especial para las pequeñas empresas que facturan “menos de 700.000 euros al año, [acumulen] responsabilidad de 350.000 euros o tiene menos de diez empleados”. A partir de enero de 2023 se habilitará una “plataforma tecnológica” para que las pymes puedan gestionar desde allí este tipo de trámites, “eliminando todos los trámites innecesarios y limitando la intervención judicial en la toma de las decisiones más relevantes”, ha explicado el Consejo.

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