El restaurante Bungalow de Ciudad Jardín recoge 4.000 firmas en dos días contra su demolición


movilización vecinal contra uno de los iconos de ciudad Jardín. a través de la plataforma cambio.orgha recogido el histórico restaurante bungalow 4.000 firmas en dos días contra las intenciones de demarcación de las costas derribar el edificio situado en primera línea del barrio marítimo palmera.

laura aguilouno de los dueños de la tienda lo denunció “La actual política agresiva de Demarcación de Costas tiene como objetivo eliminar los restaurantes tradicionales de nuestras costas sin importar la edad y las raíces de nuestros negocios”., enfatiza. Y añade que Costas no sólo tiene ha denegado la concesión para funcionar como restaurante pero pretende demoler la casa y el solárium público que tiene delante” cuando ambas construcciones se elevan “sobre roca viva (no arena) y sería imposible disfrutarla a partir de ese momento”.

Aguiló recuerda que el restaurante Bungalow “Es una empresa familiar que lleva funcionando en Ciudad Jardín cuatro generaciones y casi cuarenta años”. Y agrega: “La casa fue construida en los años veinte del siglo pasado. En los años 80 obtuvimos los permisos necesarios para transformarla en restaurante. Hoy somos un referente tanto para el público mallorquín como extranjero, se incluyeron políticos y artistas y Publicistas para promocionar la isla”. El restaurante Bungalow emplea a diez empleados permanentes y nueve trabajadores temporales durante todo el año.

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La recogida de firmas no se limita a la plataforma change.org. También se están recogiendo firmas en el propio restaurante y en otros muchos comercios de Ciudad Jardín y Coll den Rabassa, donde se han repartido carteles.

La denuncia del GOB ante la demarcación de costas

El grupo ecologista GOB denunció este pasado mes de junio “Inacción” de la Demarcación de Costas ante las continuas ilegalidades de ocupación del espacio público en Baleares, como los que los cometen dos restaurantes en la zona de Coll den Rabassa y Ciutat Jardí de Palma.

¿Qué está pasando en las costas de Baleares, donde muchos restaurantes y quioscos han ocupado durante décadas el espacio público marítimo-terrestre sin autorización administrativa o incluso con solicitudes denegadas, continuando su funcionamiento con normalidad sin que la administración competente tome las medidas para restablecer la legalidad? ?” preguntó la Entidad.

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El GOB hizo este anuncio luego de recibir una respuesta de la Demarcación de Costas a dos denuncias que había presentado, repitiendo denuncias anteriores, p. dos restaurantes funcionando sin titulo administrativo. en la denuncia El GOB exigió que se retiraran las ocupaciones y que se restaurara el área a su estado anterior.

Referido a una denuncia Bungalow-Restaurante, junto a la playa de Ciutat Jardí, dentro del espacio público marítimo-terrestre, considerando que no disponía de la concesión de gestión obligatoria ni para su construcción ni para la explotación de la actividad de restauración.

El otro referido El restaurante El Peñón, a unos doscientos metros del anterior, con un reparto procedente de una concesión de 1960 que venció en 1999 por haber cometido infracciones graves que consistieron en ocupar 328 metros cuadrados más de lo autorizado originalmente, que era de sólo 131 metros cuadrados. Una sentencia de 2003 extinguió el derecho de uso del espacio público marítimo-terrestre, lo que según el GOB implica inevitablemente el retiro de todos los usos existentes.

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Que Demarcación de Costas confirmó al grupo ecologista que ambos restaurantes no cuentan con un título administrativo que les permita usar el bien común y explotarlo comercialmente.

Que Bungalow a la espera de la resolución de una solicitud de legalización del restaurante y terraza presentada en enero de 2021, Motivo por el cual el GOB denuncia que “no cuenta con la concesión previa y así ha sido durante más de 40 años”. En cuanto al restaurante El Peñón tampoco tiene licencia y existe un decreto ministerial de 2010 que niega la concesión de cualquier otra solicitud de legalización. El GOB duda que este tipo de empresas que ocupan el dominio público marítimo-terrestre sin títulos administrativos puedan seguir operando.



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